El fin de la incertidumbre algorítmica: los choferes de UBER son trabajadores dependientes (Sentencia N° 25/2026 de la Suprema Corte de Justicia 🇺🇾)

La reciente Sentencia N° 25/2026 de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) representa un punto de inflexión definitivo en la evolución del Derecho del Trabajo en Uruguay frente a la economía de plataformas. Este fallo no solo resuelve una controversia individual, sino que dota de coherencia al sistema jurídico nacional al validar dos tesis fundamentales que he sostenido en investigaciones académicas: la naturaleza dependiente del vínculo en el transporte de pasajeros y la improrrogabilidad de la jurisdicción nacional en favor de arbitrajes internacionales.

1. La realidad sobre el “nomen iuris”

La Corte ha sido enfática: la calificación que las partes den al contrato (el “socio conductor”) es irrelevante si la realidad subyacente demuestra lo contrario. En este caso, se ha ratificado que la libertad del chofer para conectarse es apenas formal, pues UBER ejerce un control estricto a través de algoritmos, calificaciones de usuarios y sanciones, lo que configura una subordinación jurídica clara.

El poder de dirección no desaparece por ser ejercido por un software; simplemente se transforma. La SCJ así lo entiende al aplicar los indicadores de la Recomendación 198 de la OIT para concluir que estamos ante un trabajador dependiente y no ante un arrendador de servicios independiente. 

De hecho, en varias sentencias dictadas por el órgano inferior que intervino en ese caso concreto (Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2º Turno), se ha enfatizado en que: “Refiere el Dr. Federico Rosenbaum Carli, el principal criterio de análisis para determinar la autenticidad o no de la autonomía reside en la presencia de la ajenidad en sus diversas protecciones…El hecho que un prestador de trabajo autónomo no determine por su propia y única voluntad el precio de sus servicios, constituyen un fiel reflejo de la ajenidad de los frutos y de su ausencia de autonomía” (Sentencia 167/2025, 20/08/2025).

Esta postura fue unánimemente compartida por los cuatro Tribunales de Apelaciones del Trabajo de Uruguay, en una multiplicidad de sentencias dictadas desde hace más de 5 años. 

2. El escudo de la Ley N° 20.396 y el adiós al arbitraje en Ámsterdam

Uno de los aspectos más innovadores del fallo es la aplicación inmediata de la Ley N° 20.396 (promulgada en febrero de 2025). La Corte, en mayoría, sostiene que el artículo 9 de dicha ley (que establece la competencia de los tribunales uruguayos para resolver los conflictos individuales de trabajo planteados por trabajadores de plataformas cuando el trabajador se domicilie en el país) es una norma procesal de aplicación inmediata.

Esto tiene dos consecuencias vitales:

1) Protección frente a cláusulas de adhesión: se anula la eficacia de las cláusulas que pretendían obligar a los trabajadores uruguayos a litigar en Ámsterdam bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional.

2) Garantía de gratuidad: si bien no fue un argumento utilizado por la SCJ, la solución adoptada implica reconocer que la ley ha considerado que el arbitraje privado es incompatible con el principio de gratuidad y con el acceso efectivo a la justicia laboral, derechos humanos fundamentales que el Estado uruguayo debe garantizar.

3. Hacia un criterio unificado

Si bien el fallo cuenta con una discordia que planteaba la falta de jurisdicción inicial, la mayoría de la Corporación ha optado por una interpretación que prioriza el principio protector y la eficacia de la nueva legislación.

Este fallo reafirma que la modernización de las formas de trabajo no puede significar una regresión en las garantías procesales. El Derecho del Trabajo uruguayo demuestra, una vez más, su capacidad de adaptación para proteger la dignidad del trabajador en la era digital.