Choferes vs UBER: Sentencia 536/2025 (08.05.2025) de la Suprema Corte de Justicia 🇺🇾

Por primera vez se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay, en el marco de un reclamo laboral iniciado por un chofer contra Uber.

Este dato (que se haya pronunciado la SCJ) ya es inusual por sí mismo. 

Basta con repasar la escasa cantidad de reclamos laborales que estadísticamente llegan a conocimiento de la SCJ. Ello porque los requisitos normativos para que sea admisible la etapa de casación son muy exigentes, ya que se requiere que el reclamo supere las 4.000 UR ($7.280.720; que equivale aproximadamente a USD174.000) y que existan sentencias contradictorias entre la primera y segunda instancia.

En el caso en concreto que motivó el fallo de la SCJ, se reunieron esos dos requisitos (el reclamo superaba las 4.000 UR y las sentencias de primera y segunda instancia se pronunciaron de forma contradictoria sobre algunos de los temas debatidos).

El chofer sostuvo esencialmente que era un trabajador dependiente y que le correspondían determinados beneficios previstos en el ordenamiento laboral. 

En cambio, la defensa de UBER sostuvo que: a) los jueces uruguayos no son competentes para resolver el planteo del chofer, ya que dentro de los términos y condiciones que aceptan los choferes, se encuentra prevista una cláusula que impone que las controversias entre choferes y UBER deben ser resueltas por un árbitro (y no la justicia) en los Países Bajos; b) que UBER no es una empresa de transporte; y c) los choferes no son trabajadores dependientes, sino “socios conductores” que realizan su labor de manera independiente como empresarios del transporte.

Las sentencias de primera y segunda instancia coincidieron en la misma solución con respecto al tema de la competencia de los jueces laborales para resolver este conflicto. En esencia sostuvieron que la cláusula arbitral era inaplicable y nula, por lo que la justicia uruguaya debía resolver el tema de fondo planteado (si el trabajador es o no dependiente; y si le corresponden o no los beneficios reclamados).

Por ende, UBER promovió la instancia de casación, sosteniendo que el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2do Turno (que había amparado parcialmente la demanda del chofer), se había equivocado al sostener que el chofer es un trabajador dependiente.

En ese contexto, lo llamativo del caso es que la SCJ dictó la sentencia ahora comentada, sin siquiera pronunciarse sobre el recurso de casación interpuesto por UBER, ya que no resolvió el tema de fondo debatido (si los choferes son trabajadores dependientes o empresarios independientes del transporte).

Por el contrario, aún existiendo sentencias de primera y segunda instancia absolutamente coincidentes sobre el tema, y no habiendo sido objeto del recurso de casación presentado por UBER, decidió de oficio (sin que ninguna parte lo solicitara), que todo el proceso laboral tramitado desde el año 2023 hasta el año 2025, era nulo, ya que los jueces uruguayos no serían competentes para resolver esta clase de conflictos, porque los términos y condiciones que impone UBER a los choferes, obliga a que estos presenten sus reclamos ante un arbitraje. 

El fallo básicamente transcribe de manera literal una sentencia anteriormente dictada por la propia SCJ que resolvió que el arbitraje es aplicable a los conflictos de trabajo (en un caso para nada similar al de los choferes de UBER). Asimismo, tampoco siquiera analizó varios aspectos trascendentes, como por ejemplo, que el arbitraje se debería llevar a cabo en Países Bajos, entre otros (ver la crítica del Dr. Ignacio Soba sobre este aspecto y en general sobre el arbitraje en materia laboral: http://ignaciosoba-derechoprocesal.blogspot.com/2025/05/de-montevideo-amsterdam-una-critica-la.html?m=1).

No es objeto de este análisis ahondar en la inconveniencia del arbitraje en materia laboral, así como tampoco sobre su improcedencia jurídica, aunque sí vale la pena formular algunas ideas seguidamente.

La primera: el fallo de la SCJ fue dictado el día jueves 8 de mayo de 2025, es decir, tan sólo 3 días hábiles antes de la entrada en vigencia de la ley 20.396, que regula el trabajo mediante plataformas digitales como UBER. Dicha ley, en au artículo 9 dispone que los jueces uruguayos son los competentes para resolver las controversias entre choferes y plataformas como UBER, es decir, elimina toda posibilidad de aplicación del arbitraje. Muy curiosa la impaciencia de la SCJ, que dictó la sentencia 3 días antes de que entrara en vigencia esa ley…

La segunda: luego de que entró en vigencia la ley comentada, UBER actualizó los términos y condiciones con sus choferes y eliminó la referencia a la cláusula arbitral, disponiendo en su lugar que serán los jueces uruguayos quienes resolverán las controversias entre las partes.

La tercera: sentencias como la de la SCJ, calan hondo en la institucionalidad y el sistema de justicia nacional. Ponen en jaque al Estado de Derecho. Lo hieren profundamente. Al menos esa es la humilde opinión de este simple operador jurídico, que de a pie, y con orgullo, intenta tomar las causas injustas y defender su bandera. Pensemos, ¿de verdad parece lógico exigirle a un chofer de UBER que si quiere presentar un reclamo, deberá hacerlo ante un árbitro (con elevados costos -miles de dólares- y muchas dificultades prácticas) en un país donde no reside ni donde trabaja? ¿Eso garantiza el verdadero derecho al acceso a la justicia? 

La cuarta: sin que esta opinión sea malinterpretada, porque se emite desde el máximo respeto personal e institucional, cabría cuestionarse, ¿este tipo de resoluciones son coherentes con una perspectiva judicial que tutela los derechos humanos? ¿se ha resuelto “desde la realidad” o desde la teoría abstracta? 

“La vida es realmente sencilla, pero nos empeñamos en complicarla” 

Confucio